Reflexiones en torno al código de ética de los despachantes

15 mayo, 2017 Por Jorge R. Safe

El 20 de agosto de 1950 no fue un domingo cualquiera para el Centro Despachantes de Aduana (CDA). Dejando de lado el descanso, sus asociados concurrieron a una Asamblea General Extraordinaria
para fijar principios y sistematizar un cuerpo de reglas morales que, de ahí en más, deberían gobernarlos.

Así dotaron a su trabajo con un Código de Ética. La idea: que en la profesión se procediera con un criterio justo, evitando interpretaciones capciosas que perjudicaran al fisco, colegas o importadores y exportadores. También que los actos lesivos para los intereses profesionales de uno o de varios despachantes, hallara en el resto un eco solidario.

Con respecto al fisco y a sus clientes, las normas de conducta que impusieron fueron claras y sencillas. El despachante –con altura, dignidad y corrección– debería respetar las disposiciones legales, cumpliéndolas y haciéndolas cumplir.

En cambio, las reglas relativas al comportamiento con sus colegas, además de claras, necesitaban ser más precisas. Por eso, entre otros preceptos éticos, determinaron que los despachantes no podían hacer manifestaciones de sus habilidades, en detrimento de sus pares, ante importadores y exportadores.

También, que debían abstenerse de dirigirse directamente a la clientela de otros ofreciendo sus servicios, ni siquiera en forma indirecta, esto es, por intermedio de corredores o valiéndose de la intervención de personas que pudieran ser influyentes, como funcionarios y políticos de turno.

Estas normas deontológicas, adoptadas hace 67 años por los despachantes argentinos, son tan estrictas como las que determinó más tarde (1986) la Asociación Americana de Profesionales Aduaneros (Asapra). Pero no tanto como las reglas de comportamiento para los agentes de aduana chilenos, aprobadas en 1995, que consideran un derecho y un deber combatir no sólo la conducta moralmente censurable de sus colegas sino también la
de los funcionarios aduaneros.

El Código de Ética del CDA tiene plena vigencia y, aunque no existe una reglamentación sancionatoria formal, el artículo 24 de su Estatuto Social sería aplicable. Determina que son causas de expulsión cometer actos que afecten gravemente la reputación moral, profesional o comercial, sea que dichos actos se produzcan dentro o fuera de la asociación.La sanción no es menor, porque el CDA ejerce la representación y defensa de los intereses profesionales.

Sin embargo, no se conoce que alguna vez se haya sancionado a un socio por haberse dirigido, directa o indirectamente, a la clientela de un colega. Y quizás la razón se encuentre en que los despachantes afectados prefieran perder una parte de los despachos, no todos, o evitar conflictos con colegas de escasa moral.

Sin embargo, una minoría de gestores aduaneros (socios o no de la Institución) creería que el Código de Ética de 1950 ha caído en desuso o ignoraría su existencia. Con esas premisas intentaría captar el despacho aduanero sin tener presente las reglas de comportamiento. Y esas actitudes no serían menores en los tiempos que corren, donde impera la decisión de las autoridades de sustituir, poco a poco, a los despachantes con sujetos sin título habilitante o con funcionarios designados por la Aduana (RG AFIP 333 y 3628).

Cuesta comprender a quienes ofrecen a importadores y exportadores cobrar menos honorarios que sus colegas contratados, o piden despachar parte de lo que sus colegas despachan. Ni hablemos cuando intentan suplantarlos mediando la intervención de funcionarios o particulares influyentes.

Difícil también es entender a los gestores aduaneros que publicitan cursos de capacitación para importadores y exportadores, sin contemplar que los mismos deberían ser asesorados y capacitados por sus propios despachantes (distinto es cuando el curso lo brinda otro tipo de profesional).

Y mucho más a quienes ofrecen aleccionarlos o asesorarlos dentro de sus
empresas, incluyéndoles el servicio de auditar despachos firmados por colegas.

Reflexionando: ni la Aduana ni los importadores y exportadores deberían
esperar un buen comportamiento, o un beneficio económico, de aquellos
gestores aduaneros que no respetan normas éticas.

Por el contrario, posiblemente con la participación de estos sujetos, el Estado recaude menos y quienes los contraten, salvo que se beneficien
indebidamente, terminen pagando de más.

El autor es despachante de aduanas y especialista en comercio exterior