Tarifas: prácticos recusaron a Greco y a Braun por prejuzgamiento

4 Julio, 2017 Por Emiliano Galli

La recomendación que elevó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables para regular las tarifas de practicaje y pilotaje hasta tanto se verificaran condiciones de competencia y se eliminaran las barreras de entrada al mercado, se topó con una denuncia que recusa a los cinco miembros de la CNDC por prejuzgamiento y por haber basado las recomendaciones sobre la base de “un expediente que se encuentra en curso”.

En una conferencia de prensa el jueves 29 de junio, el presidente de la CNDC, Esteban Greco, presentó los resultados de un estudio de mercado sobre los servicios de practicaje y conexos, junto con el ministro de Producción, Francisco Cabrera; el secretario de Comercio, Miguel Braun, y el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz.

Allí Greco reconoció que una “denuncia en curso de varias compañías navieras” respecto de prácticas anticompetitivas en estos servicios. Sin mencionar más detalles, la denuncia presentada por Marítima Meridian, empresa socia con Svitzer de Logística y Servicios Marítimos (LSM), en la importación y operación de remolcadores para el ingreso y salida de los gaseros contratados por Enarsa. Meridian es propiedad de Jorge Samarin.

Denunciados que recusan

La recusación a la CNDC por prejuzgamiento fue presentada por Juan Miguel Biset; Miguel Ángel Doñate; Leonardo Massad; Jorge Vitali; Practicaje Independiente SA; Practicaje Integral SA; Donmar SA; Lanchas del Este SA, y PKM SA. En rigor, los denunciados en el expediente S01:0224087/2016 ante la CNDC que habría utilizado esta denuncia como base para sus recomendaciones pero, según destacan los denunciados, no habría fallado y, ni siquiera, convocado a los afectados por la presentación que habría realizado Samarin.

Metz había efectuado una consulta a la CNDC respecto del mercado del practicaje, y la comisión respondió que, para evaluar tal pedido, era necesario un “análisis de mercado que precisamente se está efectuando en la actualidad con motivo de una conducta anticompetitiva denunciada ante esta comisión nacional”.

“No cabe dudas de que para emitir las recomendaciones la CNDC se basó en el análisis del expediente de marras que es el único en curso que versa sobre este mercado”, declaran quienes recusan a la CNDC y al propio Braun.

“Basta con la emisión de estas recomendaciones para que se cumpla lo dispuesto por el inciso 7 del artículo 17 del Código Civil y Comercial: “Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado”, advierten los denunciados.

No sólo advierten sobre las recomendaciones en base a un expediente en curso, sino que señalan un “claro y flagrante prejuzgamiento”.
Sucede que la CNDC llegó a tales conclusiones “sin que en el expediente siquiera se haya resuelto sobre la procedencia de la instrucción del sumario sobre ventas atadas y barreras de entrada en el mercado”.

Contestaciones ignoradas

Quienes fueron denunciados oportunamente –y ahora recusan al Gobierno– manifiestan además que sus “contestaciones” respecto de las acusaciones de restricciones al ingreso, integración vertical y colusión no fueron tenidas en consideración en la recomendación presentada a Puertos.

“La CNDC, sin siquiera haber resuelto sobre la instrucción de la presente denuncia sobre el practicaje, ha concluido que no se verifican condiciones de competencia en este mercado. La definición de esto no es otra cosa que prejuzgar”, protestan.

Y van más allá al señalar una contradicción: el artículo 1 de la recomendación señala que hay que “mantener el régimen de tarifas máximas”, mientras que en el punto 3 indica que este mantenimiento “no sucedió en el caso bajo análisis”.

En la contestación realizada por los denunciados se destaca que, en sede penal, Metz reconoció, en octubre de 2016, que desde 1991, cuando se desreguló el practicaje “se ejerce la libre competitividad entre empresas de servicios en cada zona de practicaje”. En tanto, el director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder (práctico él también), manifestó en sede penal que “cada zona tiene entre una (como en Campana) y varias empresas (como en el Río de la Plata, que hay siete). En el caso específico de Bahía Blanca son dos”.

“La CNDC y el secretario de Comercio, en base a la información preliminar que surge de esta denuncia han afirmado que en este mercado no se dan condiciones de competencia, que existen barreras de entrada y ventas atadas sin siquiera haber realizado la imputación”, manifiestan quienes recusan.

“La CNDC –continúan– no ha analizado las contestaciones de traslado, en las cuales, acompañado con documentación contundente, categóricamente se han desvirtuado todos y cada uno de los hechos denunciados y se ha comprobado que las estadísticas aportadas por los denunciantes son todas falsas”.

Al subrayar que las recomendaciones mencionan “sólo la información provista por el denunciante (Marítima Meridian contra Servicios Marítimos, por un conflicto originado en Bahía Blanca) y nada dicen de toda la abundantísima prueba aportada por los denunciados” concluyen se encuentran en un “estado de indefensión total”, “juzgados sin juicio”, y “juzgado sin derecho a la defensa”.

En el conflicto de Bahía Blanca, la empresa de practicaje Servicios Marítimos (propiedad de Miguel Doñate) le cerró la cuenta corriente a Marítima Meridian aludiendo presunta falta de pago. Samarin (de Marítima Meridian) habría alegado que las dos empresas de practicaje de Bahía Blanca operarían de la misma manera, exigiendo el pago por adelantado, lo que lo llevó a presentar la denuncia ante la CNDC.

La CNDC, a su turno, presentó al respecto una “cautelar” que obligó a publicar en diarios “sin que se nos haya dado derecho de defensa y sin que la resolución de este expediente esté firme parece ser la antesala de este sinceramiento definitivo de la CNDC”.

“La CNDC y el secretario de Comercio –agregan– ya no pueden volver sobre sus pasos. No resolverían este expediente de manera distinta a lo que ya han opinado“.

Ante la gravedad de lo denunciado, presentaron la recusación en los términos del artículo 17, inciso 7, del Códgico Procesal Civil y Comercial, que deberá ser resuelta por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Al mismo tiempo, más allá de las recomendaciones, le solicitan a Braun que “informe si emitió algún acto administrativo por escrito respecto de sus recomendaciones” y, si no se expide, le solicitan a la Cámara de Apelaciones que libre un oficio para que lo haga.

El pedido de recusación pesa sobre los cinco integrantes de la CNDC: María Fernanda Viecens, Marina Bidart, Esteban Greco, Pablo Trevisán y Eduardo Stordeur (h.)