Puerto de Buenos Aires, entre el traspaso y las concesiones

3 abril, 2017 Por Emiliano Galli

Hace 25 años, una ley transfirió la totalidad de los puertos desde la órbita nacional a las provincias.

En 1992, la ciudad de Buenos Aires no era autónoma, por lo que se vetó parcialmente la ley en lo referido al traspaso del puerto de Buenos Aires a la ciudad. En 1994 la ciudad confirmó su autonomía, dictó su constitución y reclamó para sí la tenencia del puerto.

Pasaron 23 años desde entonces sin que se resolviera el traspaso de un puerto que, por otra parte, sufre una administración irregular, con una intervención que no logró levantarse.

La Ciudad comunicó a Nación sus intenciones de institucionalizar una administración ad hoc del puerto de Buenos Aires. Fue la trascendencia periodística (no el hecho en sí) lo que generó malestar político (no técnico). Cambiemos tiene celo técnico-administrativo y carece de sensibilidad política.

El puerto lo sabe. Ahora, el 19 de este mes, arranca la iniciativa porteña “Dialogando BA – Ley de Puertos”, convocada por el Ministerio de Gobierno a través de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Puerto de Buenos Aires.

“Bajo la metodología de un proceso abierto y participativo convocamos a dialogar para conocer las opiniones y necesidades del sector; obtener la mayor cantidad de enfoques de forma plural y participativa nos permite manifestar los puntos de conflicto, encauzarlos y generar alternativas para construir el proyecto de ley de Puertos mediante una co-creación colectiva”, destaca la invitación.

La iniciativa porteña –que cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos– tendrá 4 “mesas de diálogo”: lanzamiento de la ley de puertos (19 de abril); geografía y situación de la CABA respecto de la explotación de puertos (17 de mayo); autorizaciones y sanciones (14 de junio), y autoridad portuaria (19 de julio).

Pero la agenda nacional parece ir por otro lado.

El Ministerio de Transporte de la Nación, del que depende funcionalmente la Administración General de Puertos (AGP), avanza en la elaboración de los pliegos de concesión (para cuya redacción se contrató en forma directa a la división logística de la española Indra, ALG) para las nuevas terminales, cuya licitación será este año.

De hecho, la AGP presentó borradores de este nuevo puerto a los actores del sector. Por el momento, la situación no parece satisfacer a los gremios, a los que se les prometió la conservación de las fuentes de trabajo como condición para los nuevos concesionarios, pero todavía no están tranquilos.

El 16 de marzo último realizaron una primera movilización, a las puertas del depósito fiscal Gemez, uno de los afectados por la traza del Paseo del Bajo que ya recibieron intimación para desalojar el predio junto con la promesa de reubicación en el logísticamente poco convincente escenario del Mercado Central.

“Después de la asamblea general realizada en la puerta del depósito fiscal Gemez y las reuniones mantenidas con las autoridades de la Administración General de Puertos (AGP), la Agencia de Administración de los Bienes del Estado (AABE) y el Ministerio de Transporte –y más concretamente en la última donde los entes del gobierno realizaron la presentación de un anteproyecto del Puerto de Buenos Aires– pudimos llegar a una única conclusión: la incertidumbre continúa”, señala el comunicado difundido por la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) que convocó para hoy a las 12 a una asamblea extraordinaria en las puertas de Terminales Río de la Plata “a los trabajadores de todas las terminales portuarias, de Exolgan y de todos los depósitos fiscales que se ven afectados por esta grave situación para resolver las medidas sindicales por adoptar”.

Los portuarios destacan que “los representantes del Gobierno –que tendrían que aportar previsibilidad– siguen sin confirmar la inclusión en los pliegos de licitación de todos los trabajadores del puerto de Buenos Aires a pesar de los reiterados pedidos de nuestra parte y sin especificar cuál es el plan estructural definitivo para sus terminales”.

Entre las concesiones por determinarse y el traspaso de jurisdicción del puerto de Buenos Aires desde la órbita nacional a la porteña hay 22.000 puestos de trabajo directos e indirectos (privados y públicos) expectantes.

Nadie en la Ciudad lo va a reconocer, y seguramente lo nieguen públicamente, pero creen que la intención del ministro de Transporte Guillermo Dietrich es ceder al puerto sólo luego de concesionar las nuevas terminales, y los nuevos “usos” dados a las instalaciones.

El hermetismo tiene, seguramente, varios motivos que lo sostienen. Otros sostienen que el decreto que desreguló todo el sector (el 817/92) estableció la intervención en la Administración General de Puertos “para concesionar y transferir” y nada más. Y apuntan a la eventual ilegitimidad de la actual intervención para un nuevo llamado a licitación.

Pero son los mismos que señalan que si se logró por decreto la libre disponibilidad de las tierras donde está la parrilla ferroviaria (luego de decisiones impropias de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la AGP sobre los límites y usos de terrenos portuarios) para su venta y posterior desarrollo inmobiliario, poca importancia tendrá quién llame a licitación y su desenlace.

La naturaleza de la intervención

Oscar Vecslir, ex interventor de la AGP, destacó en diálogo con TRADE RADIO que “nunca hubo posibilidad política para que la ciudad obtenga el puerto” y recordó “los reclamos del entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri” cuando Vecslir era interventor.

“La ciudad no puede ser ajena al manejo del puerto”, reconoció Vecslir. “Un puerto administrado por un órgano de dirección constituido por un interventor con 3 funcionarios de Sigen en control posterior es insuficiente para la planificación futura del puerto”, dijo Vecslir, tras citar “los buenos resultados que tuvieron los consorcios de gestión del resto de los puertos, que amerita que se piense en un modelo de conducción para el principal puerto del país donde participen todos los intereses para darle previsibilidad al puerto”, estimó.

En tanto, el anterior interventor de la AGP, Sergio Borrelli, apuntó que el traspaso parece algo sencillo, “pero al estar en la Nación, Buenos Aires es la marca portuaria argentina y tiene un papel para ocupar. Siempre hay soluciones de equilibrio. Pero primero hay que salir de la intervención y resolver los pendientes indicados por la Auditoría General de la Nación”.

En Rotterdam, donde el actual interventor Gonzalo Mórtola firmó la semana pasada convenios de cooperación para modernizar el puerto en el marco de la visita oficial del presidente Mauricio Macri, el puerto es una sociedad donde la ciudad tiene la mayoría, y el resto comparte con Países Bajos.

Tal vez fue una de las ideas que se trajo el interventor para trabajar con la ciudad de Buenos Aires que, desde los tiempos de Macri como jefe de gobierno porteño, reclama una participación más activa que simbólica en el puerto.